La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de las filiares Duarte y de la provincia Hermanas Mirabal, se opone a la instalación de cámaras en escuelas y liceos del territorio nacional.
En un documento enviado a este medio, el gremio explica que el uso de cámaras y registros biométricos en centros educativos es una violación a la integridad y privacidad de las personas y, por ende, se constituye en una falta de respeto a la dignidad humana.
Dice la ADP, que toda iniciativa que se implemente en los centros educativos debe responder no solo a criterios de eficiencia, sino también al respeto por los derechos fundamentales de estudiantes, docentes y personal administrativo.
De su lado, el presidente del gremio magisterial en Salcedo, Tito Sánchez, al ser abordado por este periodista, dijo que en los últimos meses se ha observado con preocupación la creciente tendencia de instalar sistemas de cámaras de vigilancia y mecanismos de control biométrico (como la toma de huellas digitales) en planteles escolares y cámaras dentro de las aulas.
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Dijo Tito, que aunque estos dispositivos se presentan como herramientas de seguridad o control administrativo, extralimitando el uso de lo mismo en esta Regional 07, en el caso del registro biométrico, este violenta lo estipulado en la Ley 04-23, que solo faculta a la JCE para el registro de lo mismo.
En ese sentido, Sánchez precisó que la Constitución de la República, en su artículo 56, garantiza la protección de los derechos de la niñez, asegurando su desarrollo integral en condiciones de libertad y dignidad.
“La instalación de cámaras de videograbación en salones de clase constituye una violación al artículo 26 de la Ley 136-03, que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a la imagen, la intimidad y la dignidad. Por tales razones, la ADP de estas seccionales, en violación a los artículos citados, rechaza enfáticamente el uso de cámaras de vigilancia y dispositivos de huellas biométricas en las escuelas públicas bajo nuestra jurisdicción, por considerar que estos atentan contra la privacidad de los docentes, estudiantes y personal en general”, dice Sánchez.
Precisa que, aunque se alegue que dichas cámaras son para fines de seguridad o supervisión, su presencia constante puede exponer a los menores a la grabación de situaciones privadas, por lo que considera que esta práctica no solo vulnera su derecho a la privacidad, sino que también podría generar un ambiente de vigilancia que afecta su desarrollo emocional y académico, contraviniendo lo dispuesto por la normativa de protección a la infancia.
“Exhortamos a las autoridades regionales y distritales a detener de inmediato cualquier plan de implementación de estas tecnologías y retirar las que ya están instaladas en las aulas de los centros educativos”, Comités Ejecutivos Municipales”, dijo Tito Sánchez, presidente de ADP en Salcedo.
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