NUEVA YORK.-El cónsul general de República Dominicana, arquitecto Eduardo Selman y el embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), licenciado Frank Cortorreal, salieron en defensa de su país, ante la embestida del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, y organizaciones que injustamente y con intenciones aviesas han criticado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Ante las críticas vertidas recientemente por De Blasio, quien llamó a un boicot contra el turismo en la nación dominicana por alegados maltratos contra haitianos indocumentados, cuyo estatus migratorio está siendo regularizado, el cónsul Selman dijo que el Ejecutivo Municipal está desinformado y ha tenido una actitud de agresión gratuita contra la nación dominicana.
Sostuvo que el Alcalde neoyorquino “ha hecho una agresión a la vida económica y social de la República Dominicana” por lo que lo invitó a visitar ese país “para que pueda constatar que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha estado haciendo un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización que establecen la Constitución y las leyes con estricto respeto a los derechos humanos”.
“En modo alguno el Gobierno dominicano ha permitido que se cometan injusticias y mucho menos atentados contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, no importa de qué país provengan”, agregó Selman durante una conferencia de prensa que ofreció en su despacho en el Consulado junto al embajador Cortorreal.
Dijo que cuando el presidente Danilo Medina firmó a finales de noviembre de 2013 el Decreto 327-13 que establece los términos y condiciones para la regularización de los extranjeros en situación migratoria irregular, que se encuentren radicados en el territorio de la República Dominicana, lo hizo para dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, lo que permite tanto ejercer la soberanía nacional como para proteger legalmente a extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen.
“No se trata de una medida que ha tenido el propósito de regularizar el estatus migratorio de los haitianos que se encuentran en la nación dominicana de manera irregular, sino de todos los extranjeros”, subrayó.
Explicó que antes de aplicarse la legislación, el Gobierno hizo una serie de consultas y encuentros de información y orientación sobre la misma, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU) y entidades no gubernamentales encabezadas por el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y la organización sin fines de lucro “Centro Bonó”, dirigida por sacerdotes jesuitas que son bastante exigentes con el tema de los derechos humanos.
